Esa injusta llaga dolorosa que es Ciudad Juárez


por Bruno Florit

  • Las organizaciones criminales ahora imparten justicia
  • Una especulación más abarcadora sobre el móvil del juvenicido ocurrido en Ciudad Juárez, significaría el alto nivel de calidad en la investigación del caso
  • Trinchera: ¿del lado de quién estamos en el combate contra el crimen organizado?

A los severos homicidios cometidos en Ciudad Juárez por las poderosas organizaciones delictivas (tanto los homicidios “previsibles” –de servidores públicos, autoridades y miembros de grupos adversos– como los rigurosamente indignantes –el feminicidio, el deceso de ciudadanos sorprendidos por algún enfrentamiento armado–), se añade un álgido juvenicidio sin precedentes, una peligrosa anomia.

Lo que reputa insospechado este fenómeno no es, evidentemente, el mero asesinato de 16 estudiantes el pasado 31 de enero (ya antes se había atentado en contra de jóvenes), sino la casi imposible explicación del móvil del crimen por parte de las autoridades. Con puerilidad, Felipe Calderón había especulado que la matanza obedeció al antagonismo natural de las pandillas, conformadas, como el presidente sabe, por individuos conflictivos y no por estudiantes ejemplares. Pero es difícil no caer en errores absurdos.

La pregunta que urge nuestra certidumbre, y que va aún más allá de resolver la identidad y el paradero de los autores del crimen, es: “¿por qué?” ¿Qué motiva a un comando que arriba con violencia a una fiesta de jóvenes y abre fuego, al parecer indistintamente, contra ellos, asesinando a 16? Porque sin duda ésa era la finalidad; el Fin era la finalidad… ¿Pero cuál ha sido el móvil?

Algunas fuentes institucionales, ignorando el insolente supuesto de Calderón, sugieren que los sicarios buscaban a un sujeto específico que presuntamente mantenía vínculos con algún grupo delictivo (no obstante, dispararon una ráfaga mortífera contra todos los jóvenes). Borges sostiene que, aunque la realidad no tenga la menor obligación de ser “interesante”, las posibles explicaciones de la realidad –es decir, las hipótesis: las del presidente, las institucionales– no pueden prescindir de esa cualidad. En este caso, yo no pretenderé el interés de las hipótesis –sería una insensibilidad de mi parte– sino su alcance. A consecuencia del individualismo, y de ese sedentarismo que es la rutina casa-escuela o casa-trabajo o casa-casa, la “realidad individual”, modesta, puede clasificarse sólo como local o como un-poco-menos-local, según sea el grupo o persona, pero jamás como general. La realidad puede darse el lujo del localismo, mas no sus explicaciones: aducir razones tan locales como una lucha entre pandillas o negligencia de los asesinos (“buscaban a uno pero torpemente mataron a 16”), presupone la escasa importancia que el Gobierno le atribuye al caso y, en consecuencia, prefigura el mínimo rigor que se le imprimirá a su investigación.

Las características del crimen nos proporcionan innegables herramientas para construir hipótesis para nada locales: estamos ante la violenta matanza de unos muchachos que –según sus familiares– eran “personas de bien” y –según los registros– varios de ellos estudiantes estrictamente comprometidos y reconocidos, desvinculados de actividades criminales. Entonces, ¿qué pasó?

Ante el categórico silencio institucional, explicaciones tentativas. Luis Lozano propone, considerando el argumento del gobierno estadunidense de proteger a su ciudadanía del narcotráfico mexicano (porque México otra vez es el problema), que el juvenicidio forma parte, como pretexto, de una estrategia política que busca justificar un refuerzo militar de la Iniciativa Mérida –proyecto binacional de combate a la inseguridad– y la consecuente ocupación de Ciudad Juárez y otras localidades por tropas norteamericanas.

Es una propuesta factible, de gran aplicabilidad en la realidad; pero, sobre todo, nos ayuda a superar ese fastidioso obstáculo que es el localismo. Entonces la pregunta no es simplemente: “¿Qué motivó al grupo de sicarios?”, pues asumimos que hay algo todavía más atrás, algo más grande y abominable.

Hay una segunda propuesta, que no me atrevo a descartar por la sencilla razón de que en nuestro país nada que implique violencia e impunidad tiene un límite, siempre hay algo peor, más terrible que lo anterior. Tomemos en cuenta lo siguiente: a finales de enero, en Michoacán, la organización criminal “La Familia” exhibió por las calles a presuntos delincuentes que evidentemente fueron torturados; estos individuos portaban cartulinas en las que se leía: “Rateros vamos por ustedes Ojo”, “Soy rata y por eso La Familia me castigó” y “Sociedad, estamos limpiando tu ciudad, no nos señales, atentamente La Familia”.

Cualquiera que sea su objetivo, esta organización delictiva ha emprendido acciones de “limpieza” criminal; sí al margen de la Constitución, sí como consecuencia de la inoperancia institucional (en esa ineptitud encontró el nicho –vacío, aprovechable– de brindar “seguridad” a una sociedad violentada). Quizás estoy sugiriendo eufemísticamente que alguna organización criminal –no necesariamente “La Familia”– generó el problema para luego solucionarlo, tal vez pensando en que la comunidad juarense reclama rabiosamente su seguridad, tal vez deduciendo que las instituciones Estatales no se la proporcionarán, tal vez buscando ejercer legítimamente –que no legalmente– esa “impartición de justicia” a cambio de cierta soltura para continuar su negocio de la droga.

Con el tiempo, eso esperamos, conoceremos el móvil de la matanza de Ciudad Juárez. Mientras tanto, permanece el exhorto a la integración nacional en contra del crimen organizado (y, sobre todo, en favor de su abatimiento). Lo que seguramente no se ha tomado en cuenta es que una cohesión de esta naturaleza, en contra del enemigo público que es el crimen y en estas condiciones de insoportable inseguridad, puede significar, para su combate, la adhesión social tanto a las instituciones legales como a las ilegales.

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